El Gobierno extendió la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049 con inversiones millonarias

El Gobierno nacional y la empresa operadora acordaron extender de manera oficial la concesión de Aeropuertos Argentina para la administración de 35 terminales en todo el país. La medida, publicada a través de una Decisión Administrativa en el Boletín Oficial, estipula que el contrato original, cuyo vencimiento estaba fijado para 2038, se prolongará hasta el 13 de febrero de 2049 (con una posibilidad técnica de prórroga hasta 2056).

Esta renegociación surgió a raíz del impacto financiero que sufrió la actividad aerocomercial durante la pandemia. Según el análisis del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, el desequilibrio extraordinario requería un esfuerzo compartido, por lo que se estructuró una tasa interna de retorno de referencia del 14,3% para recomponer la ecuación económico-financiera.

Los plazos de obra en la nueva concesión de Aeropuertos Argentina

A cambio de esta ampliación del plazo operativo, la empresa se comprometió a inyectar USD 600 millones (IVA incluido) en el sistema aeroportuario. Para garantizar que estas mejoras se concreten en tiempo y forma, el acuerdo quedó sujeto al cumplimiento de dos condiciones fundamentales:

1. Demostración de fondos: Antes del 30 de junio de 2027, la compañía debe demostrar, mediante una auditoría internacional de primer nivel, que cuenta con la liquidez necesaria para afrontar el programa de 600 millones de dólares.

2. Ejecución acelerada: El 75% de estas inversiones en infraestructura debe estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2031.

Además, el texto oficial aclara expresamente que este programa de obras de la empresa operadora no tendrá acceso a los beneficios impositivos del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

Tarifas congeladas y fin de los reclamos cruzados

Uno de los puntos clave del entendimiento es que la extensión del contrato excluye cualquier tipo de aumento de tarifas para los pasajeros o limitación de inversiones futuras.

Finalmente, para cerrar el capítulo de controversias legales, la ratificación de este acuerdo establece que el Estado Nacional y la compañía (incluyendo a sus accionistas) renuncian a realizarse reclamos mutuos por los perjuicios directos o indirectos ocasionados a partir de la pandemia. Esto reduce drásticamente los pasivos potenciales para las arcas públicas y asegura la continuidad de los servicios en las terminales aéreas.