La Legislatura trabaja en la derogación de la ley que le da más poder a los porteros

La presión vecinal y de las organizaciones de consorcistas le dobló la muñeca a la política. El PRO aceptó derogar la ley que le daba poder sobre los consorcios al gremio de los encargados de edificios, que dirige Víctor Santa María, titular también del PJ porteño. Se trata de una norma que fue sancionada por un acuerdo entre el macrismo y ese sector del peronismo, pero que desde el primer día fue muy cuestionada porque podía generar aumentos de las expensas.

Fuentes del Gobierno porteño le confirmaron a Clarín que «la Legislatura porteña está trabajando en la derogación, fruto del consenso. El Ejecutivo nunca había puesto en funcionamiento la ley, que pronto será anulada». De hecho, en la Legislatura comentaron que la derogación podría votarse este mismo jueves, para terminar de una vez con la polémica. Sería un retroceso forzoso para Rodríguez Larreta y un inusual impacto político para Santa María.

La decisión llegó después de que el Gobierno porteño se encontrara con una queja permanente de vecinos, incluso pese a que anunció modificaciones a la ley. De hecho, el propio Jefe de Gobierno se dio cuenta del fastidio que generaba esta norma en sus recorridas por los barrios. Hasta que el viernes, en una charla en Parque Patricios, cuando un vecino le preguntó sobre el tema, Rodríguez Larreta le pasó el micrófono al legislador Claudio Niño, quien adelantó que la norma iba a ser derogada.

Es que la ley nació con problemas. Fue sancionada sin discusión el 3 de diciembre, en la última sesión ordinaria de la Legislatura. Fue una de las típicas normas que se votan en un paquete a fin de año, fruto de un acuerdo entre el PJ y el PRO, aunque con al apoyo de casi todos los legisladores: la votación salió 58 a favor y dos abstenciones.

Pero nadie sospechaba el efecto rebote. De hecho muchos legisladores se arrepintieron de su voto, y algunos reconocieron que no conocían el proyecto.

La ley N° 5.464, impulsada por Fernando Muñoz, un ex legislador kirchnerista, creó el Consejo de la Propiedad Horizontal, un organismo cuya función sería regular la vida de los consorcios. Pero tenía dos grandes problemas. El primero, la conformación del consejo directivo: se votó que estuviera compuesto por tres integrantes designados por el sindicato de los encargados de edificios (SUTERH), uno para cada una de las tres asociaciones de administradores, uno para los consorcistas, uno para el Gobierno, uno para el nuevo gremio de empleados de las administraciones, uno para organismos de defensa de los consumidores y otro para el Defensor de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo (cargo que ahora ocupa Muñoz, el propio autor de la ley). Así, el sindicato iba tener más representantes que el Estado, y además las organizaciones de consorcios denunciaban que, producto de influencias políticas, el SUTERH podía lograr fácilmente una mayoría automática de seis votos.

Así, el ente podía crear nuevos gastos que aumentarían las expensas. De hecho, los cargos directivos serían rentados. Pero además el Consejo iba a tener potestad para cobrarles la matrícula a los administradores y sancionarlos por irregularidades, lo que constituía una situación muy llamativa: los porteros, en definitiva empleados de los consorcios, iban a terminar sancionando a los administradores.

Ante la polémica, el PRO aceptó modificar algunos puntos, como que los cargos fueran ad honorem y reducir la representación del gremio, al que también excluía de las decisiones disciplinarias contra los administradores. Pero los consorcistas y varios diputados insistían con la derogación.

El legislador Hernán Arce, del Partido Socialista y uno de los dos diputados que se abstuvieron en la votación original (el otro fue Gustavo Vera), le dijo ayer a Clarín: «Nuestro bloque exige derogar la ley porque es dañina para cientos de miles de vecinos». En tanto, en la Unión de Consorcistas de la República Argentina aseguraron: «El jueves volveremos a la Legislatura y no aflojaremos hasta ver la derogación». NR