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La continuidad del Casino de Puerto Madero está en duda: aseguran que tiene los días contados
Luego de un fallo de la Corte Suprema en contra de las salas de juego, se espera una segunda medida judicial que termine por revocar la concesión
Apesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó el cierre de las operaciones del Casino Flotante, la sala de juego ubicada en la zona porteña de Puerto Madero seguirá brindando sus servicios.
Lo hará bajo el amparo de que la decisión del máximo tribunal de Justicia del país no resuelve la cuestión de fondo que planteó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para impedir que el llamado «casino flotante» se mantenga operativo, a pesar de que su contrato tiene varios años de vencido.
Lo concreto es que el fallo judicial, conocido esta primera semana de abril, confirma la postura planteada por Lotería de la Ciudad (Lotba) sobre la medida cautelar presentada en el 2019 en contra de la decisión de un tribunal judicial de extender la concesión de la explotación de los casinos flotantes en la Ciudad de Buenos Aires.
Casino Flotante de Puerto Madero: cronología de un conflicto
Todo comenzó el 11 de agosto de 1999, cuando la Lotería Nacional S.E. seleccionó a Casino Buenos Aires S.A. como agente operador de la sala de casino que funciona en el buque «Estrella de la Fortuna», ubicado en el Puerto de Buenos Aires.
Dicha concesión se otorgó por 15 años, prorrogables por cinco más, pero luego, la sociedad estatal le otorgó una prórroga hasta octubre de 2019 y le autorizó la instalación de una segunda sala de casino en el buque «Princess».
En el medio se firmó un acuerdo aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional y la legislatura porteña, por el cual la Ciudad asumió la competencia en materia de juegos de azar.
Además, se creó Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y se prohibió instalar salas de juego concesionadas a empresas privadas.
El fallo determinó que las salas de juego que en ese momento operaban en el ámbito porteño podían seguir ofreciendo sus servicios hasta la finalización de los plazos originales y de sus eventuales prórrogas.
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Mayor canon
El objetivo del PRO, que conducía las riendas políticas de la Capital Federal, era terminar con los casinos privados en el ámbito porteño para que no haya «ni una máquina más», pese a que la recaudación por la industria del juego representa el 2% de los ingresos de las arcas porteñas.
Es que, el contrato de concesión que tenían la española Nortia (50%), HAPSA (25%) e Invertclub (25%) de CIRSA con el Estado Nacional para la instalación y explotación de los dos barcos en Puerto Madero vencía en noviembre de ese año.
Es más, antes de ese hecho, Macri aumentó por decreto el monto del canon que debía pagar el Casino del 20% al 30% con lo que igualó al que pagaba el Hipodrómo porteño.
En aquel momento, desde la empresa hablaron de «un quiebre en la ecuación económica» del Casino y aseguraron que el aumento del canon representó una suba del 50% en términos reales.
Por eso sus dueños recurrieron a la Justicia entendiendo que, en el 2016 se habían modificado las reglas de juego, ya que, ese año, el entonces presidente Mauricio Macri junto con Rodríguez Larreta, avanzaron con el convenio de traspaso de las competencias del juego a la órbita de la Ciudad por lo que tanto el Casino como el Hipódromo de Palermo, más las agencias de apuestas y los juegos que allí se comercializan, pasaron a estar bajo el control del Ejecutivo porteño.
Terminar con las prerrogativas
En primera instancia se hizo lugar a esta medida cautelar, que fue confirmada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Pero Lotba apeló mediante un recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema que en su reciente fallo, votado por unanimidad, recordó que «la medida cautelar apelada prorroga un contrato administrativo sobre juegos de azar cuyo plazo de vigencia venció en el mes de octubre de 2019».
Para los jueces, esta decisión «impediría en forma absoluta el ejercicio de las prerrogativas conferidas a la recurrente por el ordenamiento aplicable a los juegos de azar, cuya validez no ha discutido la actora».
El máximo tribunal de justicia del país advirtió, además, que «en el caso no se ha explicitado el fundamento jurídico que justificaría un remedio como el adoptado cuando el daño que invoca la actora sería estrictamente patrimonial».
En el fallo, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla aseguraron que «medidas de la naturaleza de la cautelar concedida inhiben a la demandada de ejercer poderes regulatorios propios».
Además, recordaron que dicha situación «genera el riesgo cierto de que los jueces sustituyan a la administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad, lo que como es sabido no resulta constitucionalmente admisible».
Conflicto reavivado
Según los jueces, «la decisión recurrida no se ajusta al principio que exige que las sentencias sean fundadas y, por ende, no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa».
Ahora, casi siete años después y con la disputa reactivada, la continuidad de las salas de juego está en dudas y lo más probable es que finalmente dejen de operar antes de que finalice este 2025.
En este sentido, la Constitución porteña admite dos opciones como son el cierre de las dos salas de juego o la estatización, palabra que en el seno de La Libertad Avanza no es muy usada.
Mientras tanto, la sociedad dueña de ambos barcos puede sostener el negocio a flote gracias a una segunda medida cautelar que fue presentada en el 2021 y que continúa firme.
Esa segunda presentación le fue concedida por la Cámara y es la que posibilita a la sociedad CIRSA mantener el millonario negocio de juegos de azar en la zona de Puerto Madero.
