Clausuraron máquinas tragamonedas en el Casino Flotante de Puerto Madero

El enfrentamiento entre el Gobierno macrista y el empresario del juego Cristóbal López salió del ámbito discursivo y empezó a verse «en la cancha». Lotería Nacional clausuró 88 máquinas tragamonedas de los barcos casino de Puerto Madero y 94 del Hipódromo de Palermo porque no cumplían con los requisitos de seguridad. Lo que en otro contexto sería una inspección de rutina, hoy tiene un fuerte significado político: en todos estos años, los inspectores del organismo que controla el juego en el país nunca habían pisado las principales salas de apuestas de la Capital Federal.

Los controles comenzaron hace una semana. Unos 15 inspectores visitaron durante todo el día la sala de juegos del Hipódromo, y otro tanto fueron a los barcos. Días atrás encontraron que varias máquinas carecían de los certificados del fabricante y de algún laboratorio internacionalmente reconocido, dos requisitos obligatorios para garantizar que las tragamonedas son seguras y no hacen trampa. Tras darle plazo a los operadores para que respondieran, y como estos reconocieron que carecían de los papeles, ayer los inspectores clausuraron las máquinas.

En tanto, también encontraron que varias tragamonedas no contaban con un sistema de emergencia llamado UPS, cuya función es mantenerlas activas durante al menos 15 minutos en caso de que se corte la luz en la sala.

Fuentes de Lotería Nacional Sociedad del Estado aseguraron que «este no tiene que ser un organismo político sino de control. Pero nunca se había hecho una fiscalización como esta. De hecho, todavía no definimos qué sanción les corresponde a los operadores porque formalmente no tienen antecedentes de infracciones».

En el Hipódromo hay 4.500 tragamonedas y en los barcos casino otras 1.200. Por eso, para los operadores del juego la infracción detectada es un tema menor.

La historia de las tragamonedas es larga y polémica. En 1999, el presidente Carlos Menem autorizó la instalación de un barco casino en Puerto Madero, pese a que la Constitución de la Ciudad prohíbe la explotación privada del juego en suelo porteño.

Esa fue justamente la excusa: el casino no estaba en el suelo sino en el agua, y como el Gobierno Nacional entendió entonces que el Río de la Plata era jurisdicción federal, habilitó el barco. En 2006 se sumaría el segundo.

El entonces jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, intentó clausurar la embarcación, pero empezó a jugar la Justicia, que con un recurso de amparo permitió el funcionamiento de la sala. Fue la primera de 15 medidas similares, que se sumaron a fallos de todo tipo, incluidos tres de la Corte Suprema.

Acaso para generarle una competencia, cuando De la Rúa ocupó la Presidencia autorizó la instalación de tragamonedas en el Hipódromo, medida que se terminó de concretar en el mandato de Eduardo Duhalde.

Y todo explotó con la llegada de Néstor Kirchner, que no sólo facilitó el acceso de Cristóbal López, sino que al final de su mandato prorrogó la concesión hasta 2032 y obligó a los operadores a aumentar la cantidad de tragamonedas, con la excusa de que parte de la recaudación se destina a Desarrollo Social.

Hoy, Cristóbal López comparte el negocio de los barcos con la empresa española CIRSA y el Hipódromo con Federico de Achával. En todo este tiempo el dinero no paró de fluir, con un pequeño detalle: nunca se supo con certeza cuánto se recaudó, y por ende cuánto debían aportar los operadores a Lotería Nacional. Al ex titular del organismo, Roberto López, siempre se lo señaló como muy cercano a Cristóbal López.

Pero el contexto cambió. En 2013, Macri había pactado con los operadores una extensión del convenio entre la Nación y la Ciudad, por la cual ésta última recibiría un porcentaje de la recaudación a cambio de condonarle la deuda impositiva por Ingresos Brutos. La Legislatura porteña llegó a votarla, pero la presión política obligó a un cambio. Entonces, Fabián Rodríguez Simón, uno de los principales asesores legales de Macri, y el entonces ministro porteño de Hacienda, Néstor Grindetti, se ocuparon de modificar el convenio, que finalmente nunca se aplicó. Tras eso, en diciembre el macrismo dejó vencer ese convenio, y ahora trabaja en que Lotería Nacional le traspase a la Ciudad todo el control del juego, incluido el cobro de impuestos. NR